De acuerdo con el contrato de obra, la empresa contratista está obligada a implementar planes para conservar altos estándares ambientales, sociales, de salud y seguridad (ASSS), que incluye además medidas a fin de evitar la explotación y abuso sexual,  violencia de género, durante su ejecución.

Así, durante la fase de construcción, el contratista consorcio Constructor del Altiplano es responsable de implementar todos los planes de gestión incluidos en la Declaración de Impacto Ambiental, los cuales forman parte del expediente técnico del proyecto, que incluyen, entre otros, el manejo de residuos sólidos que genera la obra, el programa de participación ciudadana y el modelo de mecanismo de atención de quejas y reclamos.

También en el contrato de obra figuran: 

• Monitoreo y vigilancia ambiental permanente

• Plan de monitoreo arqueológico

• Plan de seguridad y salud del trabajador

• Plan contra la Covid-19, que contempla actividades de capacitación, inducción, control de riesgos y accidentes, protecciones individuales y colectivas.

En ese contexto, como parte de la agenda de la misión del BID, se contempló también la visita al proyecto del Centro de Investigación y Producción (CIP) La Raya. Se realizó también una reunión con la empresa contratista y se hizo un recorrido por la obra, así como se revisó las condiciones de gestión ambiental y social.

Se supervisó el mecanismo para presentar quejas y hubo diálogo con los trabajadores y autoridades en el lugar.

Durante el recorrido por la obra se buscó verificar la implementación de las medidas de mitigación aplicables para asegurar que los proyectos que financie el PMESUT cumplan con los requisitos del Marco de Políticas Ambiental y Social del BID.